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Valencia lidera las subastas por deudas.

Los juzgados de Valencia, Alicante y Castelló resuelven 41 ejecuciones hipotecarias al día, casi el doble que los de Madrid a pesar de la diferencia de población – El Defensor del Pueblo pide al Gobierno en su informe anual que ayude de una vez a las familias con problemas.

La Comunitat Valenciana lidera las subastas por deudas en toda España, según revela un informe del Consejo General del Poder Judicial.

Los juzgados valencianos gestionan al año cerca de 100.000 reclamaciones de deudas, que se suman a 15.000 subastas hipotecarias.

El informe del Consejo General del Poder Judicial precisa que en toda España se celebraron el año pasado 73.613 subastas en los juzgados de Primera Instancia. En la Comunitat Valenciana se ejecutaron 15.006 hipotecas, superando con creces a Cataluña y a Andalucía. Los jueces catalanes resolvieron 13.515 hipotecas y los andaluces 13.425.
En su informe anual que entregó antes del nombramiento de Soledad Becerril, el Defensor del Pueblo, lamenta que el Gobierno ha venido rechazado la posibilidad de flexibilizar la ley hipotecaria alegando que la mayoría de los ciudadanos pueden atender sus pagos y que en el derecho español ya cabe la dación en pago para saldar la deuda. Sin embargo, la ley es tan rígida que nueve de cada diez familias valencianas que tratan de zanjar su deuda con la entrega de la vivienda fracasan. La situación, según admiten los magistrados, es especialmente grave en un momento en el que los desahucios han aumentado solo en la ciudad de Valencia un 16% en los últimos doce meses.

De este modo advierte al Ejecutivo de que es necesario una nueva regulación para las «personas físicas con sobreendeudamiento» debido a que tienen unas necesidades diferentes a las de las empresas. «Las circunstancias personales influyen en la situación económica: la existencia de matrimonio, el régimen económico de éste, la posibilidad de un divorcio o el derecho de alimentos. Todas estas razones ponen claramente de manifiesto que la regulación de la insolvencia personal y familiar no es una cuestión caprichosa sino una exigencia social.?No puede aceptarse como justificación para no abordar el estudio del problema el hecho de que, al parecer, la mayoría de los españoles sean capaces de hacer frente al pago de sus deudas», apunta la memoria.

Los jueces y los abogados han reclamado que se suavice la ley para frenar desahucios «sangrantes». Los magistrados valencianos recuerdan que en países como Francia la normativa permite suavizar el rigor a la hora de decretar un desahucio en función de las circunstancias que ocurren en cada caso. Los jueces —como el Defensor del Pueblo y los abogados— consideran que es necesario buscar alternativas como la dación en pago o el incremento del tanto por cien mínimo que deben pagar las entidades bancarias por quedarse con la casa y que actualmente está fijado en un 60% del valor de tasación.

El Colegio de Abogados de Valencia puso en marcha en junio un programa gratuito de intermediación hipotecaria para ayudar en las negociaciones con los bancos a las personas que no pueden hacer frente a sus cuotas. El Colegio de Abogados ha criticado la intransigencia de la banca y lamenta el muro que levantan la mayoría de las entidades cuando las familias tratan de alcanzar un acuerdo.

Los abogados defienden la necesidad de modificar el Código de Buenas Prácticas para frenar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y ampliar los requisitos para optar a la dación en pago. El principal problema es que una de las condiciones para evitar la ejecución hipotecaria es que la unidad familiar no cuente con ningún ingreso, incluidos los subsidios por desempleo.

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