El presidente , Mariano Rajoy, ofreció a los barones autonómicos de su partido para hablar con los bancos e intentar que no traten de aplicarles nuevas condiciones económicas cuando tienen que refinanciar vencimientos de deuda.
Esta fue una de las quejas que le plantearon algunos presidentes autonómicos del PP previamente a la reunión de la Conferencia de Presidentes, que tuvo lugar el martes en el Senado.
La reunión se celebró en la sede del PP en Madrid , fue convocada por la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, con el objetivo de unificar el mensaje con el que los presidentes del PP acudieron a la Conferencia de Presidentes, y en ella estuvo presente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, así como el vicesecretario de Política Territorial, Javier Arenas.
Una de las presidentas que planteó esta queja fue la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el momento en el que se debatían las dificultades de las Comunidades autónomas para poder acceder a los mercados. Rudi expuso que cuando acuden a los bancos para refinanciar estos prestamos vencidos, las entidades financieras les ponen nuevas condiciones del total de la que tienen contraídas. La imposibilidad de hacer frente a estas nuevas condiciones es lo que está abocando a algunas autonomías a pedir el rescate.
El presidente del Gobierno, al escuchar esta queja de Aragón, que fue compartida por otros barones autonómicos, se ofreció a hablar con los bancos a ver si se podía articular una mejor solución.
En esa reunión también se concretó el documento presentado en la reunión del Senado y que luego fue firmado unánimemente por todos los presidentes autonómicos, después de negociarlo con la vicepresidenta del Gobierno.
Por otra parte la Comunidad Valenciana afronta pagos por importe cercano a los 5.000 millones de euros —de ellos, más de 3.000 se concentran entre abril y mayo—. Una cifra similar a la que debe hacer frente Cataluña. Andalucía también se encuentra a la cabeza de regiones con mayores cantidades de deuda pendiente de devolución. Tres autonomías, en definitiva, gobernadas por otros tantos partidos políticos, pero que comparten idéntica problemática. Una circunstancia que explica el frente común que preparan las comunidades para reclamar la ayuda del Estado.
De hecho, el decreto de ajuste presupuestario aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy recoge la posibilidad que sea el Tesoro Público el que pueda salir en defensa de las autonomías a través de acometer operaciones de aval o incluso de pago.
En el caso de la Comunidad Valenciana la agencia de calificación de riesgos Moody’s ha advertido de que buena parte de la financiación obtenida por el Consell en los últimos meses ha venido dada por los inversores particulares y no precisamente por los institucionales.
Precisamente, esta situación está ligada a la reclamación del Consell de que el propio Gobierno central asuma las negociaciones con la banca, remisa a aceptar la renegociación de los vencimientos que solicita la Generalitat.
Hay una decisión política tomada que pasa por dejar de destinar recursos de tesorería al pago de la deuda bancaria para no colapsar todavía más los pagos a proveedores —con los que se arrastran facturas impagadas por un importe superior a los 2.400 millones de euros—, al tiempo que se evita no poner en peligro el abono de los gastos corrientes, sobre todo el referido a las nóminas del personal, subvenciones y funcionamiento de centros públicos.
